Las residencias afrontan carencias críticas. Urge visibilizar realidades silenciadas, exigir justicia estructural y reclamar acción política inmediata y efectiva.
Por José Ramón López, Director Operativa FSH.
Radiografía de una urgencia silenciada
Hace poco escribí un artículo sobe la situación crítica en las residencias del Tercer Sector (os invito a leerlo) en especial aquellas residencias que están en zonas rurales o poblaciones más pequeñas. No hay que ser ningún gurú para denunciar lo que está sucediendo y denunciarlo donde sea necesario y procedente. Entidades como Lares, entidad sin ánimo de lucro referente en el Tercer Sector de Acción Social en España, tiene que ponerse las pilas y denunciar con más contundencia esta situación.
Cuatro problemas con nombre y apellidos
Son varios los problemas de gravedad máxima que están encima de la mesa:
- Falta de personal. Hay una falta estructural de personal cualificado en el sector. Como bien conocemos, ni enfermeros ni gerocultores figuran en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, a pesar de la crítica situación que todos estamos viviendo para poder encontrar trabajadores de estos perfiles profesionales. Desde la pandemia a nuestros días se ha visto incrementada esta problemática.
- Posible reducción de jornada laboral, que está en proceso de implementación con el objetivo de que sea efectiva antes del 31 de diciembre de 2025. Si finalmente se aprueba, pondría en riesgo la viabilidad de muchos centros.
- Absentismo del personal. En el sector de la dependencia se ha visto incrementado un 12% en el último año. Es insoportable esta presión para los Centros, sobre todo para los propios residentes que atendemos, pero también para la sostenibilidad económica de los Centros. Es significativo, llamativo y alarmante la falta de control médico y también administrativo de la baja. Muchas de estas bajas llegan a los 365 días que es cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social se preocupa y empieza a actuar, ¿por qué no lo hacen antes? Luis Méndez, director de asuntos laborales en CEIM lo explica claramente en una reciente entrevista y no termina de entender porqué tanto absentismo por razones de salud: «La incapacidad temporal por enfermedad común sí es la que estamos intentando reducir, esa es la que se ha disparado de forma exagerada un 12% el año pasado con respecto a 2022. Un 12% que no tiene una causa médica real. No es posible entender que en 2023 la salud de los españoles haya empeorado un 12%, no hay ningún tipo de evidencia científica que nos lleve a esa conclusión».
- Infrafinanciación estatal. Los 783 millones anunciados por el Gobierno para Dependencia en 2025 son claramente insuficientes. Es más, tendría que garantizarse la financiación estatal del 50% como marca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, que establece que la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debe ser compartida entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas. La reclamación específica del 50% se refiere a que el gobierno central debe asumir la mitad de los costes efectivos del SAAD, mientras que la otra mitad correspondería a las comunidades autónomas. Más insultante es todavía la discriminación flagrante que se está dando entre Comunidades Autónomas. Este compromiso solo se ha concretado para Cataluña y el País Vasco, pero no para el resto de autonomías. Los fondos deberían destinarse a mejorar las tarifas públicas, las condiciones laborales y la creación de plazas de forma prioritaria.
Responsabilidad compartida: no mirar hacia otro lado
Son estos cuatro puntos clave donde tenemos que fijarnos. A nosotros nos queda visibilizar, demandar, presionar para que se trabaje sobre ellos y para visibilizar a Congregaciones, Obispados y entidades con las que trabajamos que todos nuestros esfuerzos son en vano si no comprendemos, aceptamos y arrimamos el hombro ante esta realidad.